Mis escritos
El combate contra la exclusión social requiere, como condición previa, la más plena difusión de los valores de la ciudadanía; es decir, requiere que los excluidos -antes de los derechos sociales- disfruten de sus derechos políticos, en plenitud, sin interferencias y sin restricciones.

En el caso particular de Salta, es notable cómo las medidas que se dicen orientadas a reducir las fuentes de exclusión social y de inequidad no han sido acompañadas -o, aun mejor, precedidas- de decisiones que apunten a integrar a la mayor cantidad de personas posible en los mecanismos públicos de discusión y debate sobre las decisiones fundamentales.

En la medida en que renuncian a potenciar el ejercicio de la ciudadanía, las llamadas políticas de 'inclusión', que son valoradas en Salta (por las personas poco informadas) como la confirmación del talante progresista del gobierno, constituyen en realidad la expresión más acabada de un orden conservador e, incluso, reaccionario.

Los datos de la realidad indican que la sociedad salteña está regida hoy -como lo estuvo en los tres lustros precedentes- por una autocracia afortunada, que se sostiene no en base al consenso popular, sino a una ficción de éste, bajo la presión (o al amparo) de regulaciones constitucionales elevadas a la categoría de valores absolutos, y gracias al espejismo de una democracia que es entendida aquí como un arreglo institucional mínimo en forma de dispositivos constitucionales, más que como un conjunto de valores.

La misma realidad es que la dice que los gobiernos provinciales que se han sucedido desde 1995 no han sido más eficaces en el terreno social que lo que fueron sus predecesores de la década de los 30 del siglo pasado.

El mito del gobierno 'fuerte' y el de la sociedad 'unida' han empujado a los gobiernos provinciales de las dos últimas décadas a un desprecio por los mecanismos políticos, actitud que se ha traducido en la falta absoluta de consensos alrededor del principal problema de nuestro entramado social, que es la enorme y desproporcionada cantidad de personas pobres y excluidas.

En nombre de la democracia y de la libertad, los gobiernos de Salta no han hecho otra cosa que buscar las condiciones de su propia perpetuación en el poder y por ello han olvidado que las leyes (y los demás mecanismos del Estado) existen para defender al individuo democrático aun contra los excesos del estado democrático.

Todo indica que el 'giro' en las políticas sociales de los últimos seis años es beneficioso o relativamente beneficioso para las personas excluidas. Pero, a mi juicio, este éxito aparente no es suficiente para convertir a la autocracia salteña en democracia ni a los procedimientos apolíticos del gobierno en auténticos mecanismos políticos.

Incluso en las autocracias puede haber leyes malas y buenas, y se puede decir que las personas normalmente las obedecen sin cuestionarlas, que disfrutan de algunos derechos y que tratan a sus semejantes de un modo justo: El «buen súbdito» bajo el «imperio de la ley» crea a veces la falsa ilusión del gobierno justo.

Pero el verdadero salto de calidad en las políticas sociales aún está por venir y dependerá de que el gobierno no siga confundido por su propia miopía y acierte a comprender que no existe ningún derecho social que pueda ser disfrutado en plenitud cuando las personas se encuentran sustancialmente excluidas de los beneficios de la ciudadanía; esto es, que no disfrutan de auténticos derechos políticos, a pesar de su existencia formal.

Se podrá decir que en Salta las personas votan (o que pueden hacerlo) y que eligen a sus autoridades en libertad, pero esto siempre será parcialmente cierto, ya que la idea de democracia que impera entre nosotros está presidida por aquella peligrosa máxima que dice que cuando una decisión política es adoptada por la mayoría, no es democrático que la minoría la cuestione.

Es necesario que nos demos cuenta de que, al contrario, lo verdaderamente democrático es que quienes están en desacuerdo con alguna decisión puedan decir lo que quieran, cuando quieran, como quieran y contra quien quieran, incluso, especialmente, contra la mayoría.

Es temerario suponer que el modelo de política social 'de inclusión' que practica el actual gobierno goza de una aceptación universal o que debe ser aceptado por sus destinatarios sin rechistar, por el solo hecho de que una mayoría -siempre más presunta que real- respalda o puede respaldar en cualquier momento las decisiones del gobierno.

Es preciso comprender que la democracia no está ni puede estar por encima de la política; que la democracia es solamente un instrumento para hacer posible -si acaso de un modo más justo- el gobierno político de una sociedad.

Si pensamos lo contrario; es decir, si valoramos a la democracia como un instrumento imprescindible para el gobierno, automáticamente se cae en los vicios que afean a la política de Salta: nace la necesidad de fabricar artificialmente la popularidad, de mantener a la sociedad en estado de permanente movilización, de mecanizar el consentimiento y de aniquilar cualquier forma de oposición.

A estas alturas, hay muy pocas dudas en torno a que el gobierno de Salta lleva adelante sus arrebatos de 'inclusión' social con un enorme sacrificio de los derechos políticos de los excluidos, ya que éstos no opinan, ni participan de modo alguno en las decisiones que a ellos -y tal vez sólo a ellos- afectan. Existe un interés público de que esto sea posible, pero no se advierte un interés gubernamental.

Visto desde otra perspectiva, pienso que es precisamente la negación de los derechos políticos o su minimización la que permite al gobierno operar con un desusado grado de discrecionalidad en la asignación de recursos para combatir la pobreza y la exclusión.

Si el gobierno de Salta fuese auténticamente democrático -lo que, por supuesto, no es- debería tener en consideración que la democracia no es una simple contabilidad de opiniones (aquel 'abuso de la estadística' de que hablaba Borges) sino un debate público permanente y razonado, en el que la disponibilidad de información y la existencia de un sistema de prensa libre son tan importantes como la participación misma.

Es preciso comprender, finalmente, que la 'urgencia por comer' nunca justifica el abandono de una reflexión seria sobre estas cuestiones; es decir, que el flagelo de la pobreza, por muy acuciante que sea, para los gobiernos y para quienes lo sufren, no tiene por qué postergar un debate sobre la verdadera extensión de los derechos de ciudadanía.

De este debate no sólo deben tomar parte los 'dirigentes' políticos, los gobernantes o los legisladores, sino muy especialmente, las personas interesadas, cualquiera sea su nivel de educación. Porque un determinado nivel educativo puede ser una condición para la eficacia del sistema democrático de gobierno, pero no es necesario para la política. La diversidad de recursos e intereses proporciona por sí misma la educación necesaria para la política.

Por eso es que creo que, antes que bolsones de alimentos, antes que tarjetas sociales, antes que asignaciones universales, antes que anteojos y sillas de ruedas repartidos con magnanimidad y sin ningún control, es preciso asegurar para los ciudadanos el disfrute de sus derechos cívicos en un auténtico régimen democrático de gobierno; es decir, tenemos que preocuparnos no sólo porque los derechos ciudadanos sean reconocidos legalmente, sino también porque se ejerzan realmente y de un modo razonablemente responsable.

Es lamentable, sin embargo, que esta posibilidad provoque espanto en el gobierno, bajo el argumento dudosamente moral del peligro de la pérdida de poder y de sustento popular.

Entiendo, sin embargo, que el gobierno no debe temer, pues en un sistema 'político' y genuinamente democrático, los gobernantes deben saber que los buenos ciudadanos obedecerán la ley pero buscarán cambiarla por medios legales si piensan que la ley es mala o simplemente que puede ser mejor.

Y que esto no es malo, ni para el gobierno ni para el conjunto social.

LCF - 1977
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