Mis escritos
Cuando un magistrado del Estado desciende voluntariamente de los estrados para tomar partido en la lucha política, apartándose de su deber de neutralidad, abandonando su independencia y descuidando lo esencial de sus funciones constitucionales, lo menos que se puede esperar del magistrado en cuestión es que acepte de buen grado las reglas de juego que son propias de la lucha política.

Cuando este magistrado resuelve involucrarse de lleno en la contienda política y a la más mínima crítica se declara a sí mismo "intocable", por razón de la magistratura que ejerce, o se enroca en el edificio corporativo para reclamar la propia inmunidad, no solo se resiente la política: también sufren -y de manera especial- las instituciones.

El Procurador General de la Provincia de Salta, que tantas cosas dice saber, ignora sin embargo dos cuestiones fundamentales: una, que la política es un terreno sembrado de baldosas flojas y que su ejercicio exige a quienes la practican el estar dispuestos siempre a pagar el precio de ser salpicados sin piedad y al más mínimo contacto; y la otra, que la defensa de la legalidad y del interés general es, en línea de principio, radicalmente incompatible con la defensa de posiciones políticas de parcialidad manifiesta.

Soy consciente de que todos los poderes del Estado, en tanto y en cuanto emanan de la soberanía popular, son poderes "políticos" en el mejor sentido que esta expresión tiene en la ciencia constitucional contemporánea. Discrepo, por tanto, de aquellos que pretenden atribuir a los jueces y a otros magistrados independientes una virginidad política de la que carecen, toda vez que la de juzgar y la de controlar la constitucionalidad de los actos de los demás poderes del Estado son, ambas, importantísimas funciones políticas, por mucho que se diga lo contrario.

Lo que defiendo aquí es la necesidad y la conveniencia de que aquellos magistrados se sometan lealmente a escrutinio político, a la crítica ciudadana y la de los medios de comunicación, cuando su pasión por la política exceda el marco reconocido en la Constitución y en las leyes y les lleve a embanderarse en facciones; es decir, cuando su actividad política no esté encaminada a defender el interés general, sino a bendecir los intereses sectoriales de alguna persona o de algún grupo, aunque ese grupo sea el mismísimo gobierno.

Desconozco si el señor Procurador General de la Provincia de Salta habrá cometido algún delito en su descarada defensa de las posiciones políticas y los intereses del gobierno. Tampoco es asunto mío. Lo que no parece razonable, desde ningún punto de vista, es que las críticas de que es objeto el señor Procurador General -muchas de las cuales entiendo sumamente atinadas- se identifiquen, sin más, con una defensa de las tropelías cometidas por el gobierno del señor Romero.

Muy por el contrario, creo que la utilización de tan alta magistratura para lograr objetivos políticos parciales y de corto alcance es típicamente una actitud "romerista", que desluce y deslegitima cualquier intento de perseguir jurídicamente los excesos cometidos a lo largo de aquellos impresentables doce años de gobierno.

Si el señor Procurador General y los fiscales bajo su mando estuviesen genuina y democráticamente interesados en depurar todas las responsabilidades emergentes de aquella verdadera orgía de poder, deberían plantearse ejercer sus magistraturas con seriedad, con apego a la ley, con conciencia republicana de los límites del poder y con una clara vocación por el servicio público; es decir, deberían plantearse hacer todo lo contrario de lo que hizo "el enemigo" y no adoptar sus antidemocráticos métodos.

Para empezar, deberían abandonar el victimismo y dejar de lado ese amor propio que les conduce a verse a sí mismos como los nuevos intocables de Eliot Ness, con policía propia y todo; porque bien vale la pena recordar aquí que Al Capone no desapareció de la escena criminal por el acoso de Los Intocables (ni por el de su amigo 'Sérpico') sino por el del IRS, que al final terminó metiéndole en la cárcel por evasión de impuestos.

LCF - 1977
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