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Recuerdos del futuro: el acceso a Internet como derecho humano fundamental

He leído ayer en la prensa internacional que Finlandia se ha convertido en el primer país del mundo en declarar el acceso a Internet a través de banda ancha como un derecho fundamental con base legal. En efecto, a partir de julio de 2010, las empresas de telecomunicaciones del país nórdico estarán obligadas a proveer a los 5,2 millones de finlandeses con conexiones a Internet de una velocidad no inferior a 1 megabit por segundo.

La asesora legislativa del Ministerio finlandés de Transporte y Comunicaciones, Laura Vilkkonen, ha dicho además que la obligación de 1 megabit por segundo es simplemente una etapa intermedia, ya que el país se encamina a garantizar a los ciudadanos un acceso de 100 mbs (es decir, cien veces más) para el año 2015.

Vilkkonen ha dicho lo más simple: "Pensamos que es algo de lo que no se puede prescindir en la sociedad moderna. Como los servicios bancarios, el agua o la electricidad, las personas necesitan una conexión a Internet".

El acceso a Internet no sólo está garantizado en Finlandia como derecho fundamental de los ciudadanos, por el solo hecho de serlo, sino que se configura como un servicio universal y como un verdadero derecho subjetivo con base legal. Y esto es realmente lo más importante.

La visión de Internet como un derecho legal es compartida por las Naciones Unidas, organización que aboga porque el acceso a Internet sea consagrado como derecho humano e incluido como tal en la declaración universal.

En junio pasado, el Tribunal Supremo de Francia ya había declarado al acceso a Internet como derecho humano. Pero Finlandia ha ido más allá al establecerlo como derecho subjetivo por imperio de la Ley (sin necesidad de acudir a los tribunales) e imponiendo una velocidad obligatoria.

Una iniciativa salteña de hace doce años

En febrero de 1997, el que estas líneas suscribe fue contratado por el gobernador de Salta para desarrollar el primer sitio web oficial del Gobierno de la Provincia de Salta. El entonces gobernador Romero, quien se mostró siempre vivamente interesado en la implantación y difusión de las Nuevas Tecnologías, como soporte del crecimiento y el desarrollo económico, y como herramienta para la mejora de la calidad de la educación, designó entonces como interlocutora entre el consultor contratado (yo) y el Gobierno, a la entonces Secretaria General de la Gobernación doctora Sonia Escudero, hoy senadora nacional por Salta.

A poco de andar y convencido de la necesidad de dar un paso adelante en la implantación de Internet en Salta, envié a la doctora Escudero, para que se lo propusiera al gobernador, un borrador de decreto por el que declaraba de interés provincial el acceso a Internet de los ciudadanos de Salta y lo configuraba -bien es cierto que de forma tal vez imprecisa- como un derecho de las personas de cualquier condición. Mi intención no era tanto promocionar una actividad que estaba naciendo en Salta, sino advertir sobre la emergencia de una necesidad universal, frente a algunas opiniones de personas poco informadas que en aquellas épocas pioneras tendían a ver sólo frivolidad y moda detrás del enorme empuje de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Aquel borrador no formaba parte de mis deberes como consultor contratado. Fue más bien producto de un impulso de cortesía, tal vez de anticipación política, pero en cualquier caso testimonio de mis deseos de colaborar con un proceso que ya entonces se insinuaba como irreversible y que, en poco tiempo, iba a transformar la propia configuración de la sociedad salteña.

La doctora Escudero, que entendió bien la idea y que la llevó adelante en mi nombre hasta donde supo y lealmente pudo, me enseñó luego en su despacho el borrador devuelto con unas anotaciones escritas en rojo por la pluma del gobernador, entre las que destacaban unos grandísimos signos de interrogación.

El gobernador, pese a su buena predisposición, no había entendido el alcance de aquella medida. Es probable que hubiera interpretado aquella declaración como un intento de crear zonas francas fiscales o de beneficiar a alguien en particular. No me dieron ganas de insistir.

Llegué a pensar que me había equivocado al plantear aquella cuestión, aunque siempre albergué la ilusión de haberlo hecho simplemente de forma prematura.

El enorme paso de progreso que acaba de dar Finlandia, me confirma que, salvando todas las distancias posibles, aquella iniciativa salteña, incomprendida y olvidada, sólo pecó de haberse adelantado unos doce años.

No me arrepiento de haberla propuesto.

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