Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, por ese orden, han venido repartiéndose el poder político de Salta, y lo han incrementado a voluntad, de espaldas a los ciudadanos y sus necesidades, desde hace más de dos décadas.
Cada uno con su estilo, sus tics y sus fobias (algunas de ellas capaces de provocar auténtico espanto ajeno), han manipulado e instrumentalizado el aparato del Estado -el que debería servir a todos- para su propio beneficio y para procurar el bienestar de una casta minúscula integrada por amigos, parientes e incondicionales que, faltos de talento tanto como de principios, no conocen otra forma de vida que no sea la servidumbre política.
Entre los dos han reformado la Constitución de Salta en dos ocasiones y en ninguno de los casos lo han hecho para ampliar las libertades públicas o garantizar los derechos fundamentales, para mejorar la calidad de las instituciones o para lograr que vivamos en una sociedad menos injusta. Al contrario, las dos reformas han tenido como único objetivo el de blindar su poder personal y erigir a su alrededor una fortaleza con altos muros que les asegure impunidad duradera. Si se me permite la licencia, podría decir también que los dos se han esmerado en construir un foso con cocodrilos alrededor de su poder personal. Ambos, con diferentes approaches, pero con idéntico descaro, han buscado igualmente la perpetuidad: la propia y la de su estirpe.
Afortunadamente, no se puede decir que la jugada les haya salido bien del todo, porque mucha gente en Salta -no tanta como la que sería necesaria para poner freno a la ambición descontrolada y obsesiva por el poder- ha opuesto reparos razonables a sus apetitos y denunciado con valentía la desvergüenza de las maniobras para saciarlos.
Los dos, juntos o separados -da igual-, están jugando ahora a manipular la convicción generalizada de la ciudadanía de que la Constitución que nos rige ya no nos sirve. Pero en su empeño convergente no hay nada, absolutamente nada, que haga presumir racionalmente que las intenciones que guían sus pasos son hoy diferentes a las que tuvieron en 1997 y en 2003.
Casi todo el mundo sabe en Salta que la actual Constitución provincial es deficiente, está mal diseñada y peor organizada; que su redacción es barroca, que los derechos que consagra son antiguos y escasamente efectivos, y que la práctica institucional que ha promovido en las tres últimas décadas es precaria y poco resistente a los personalismos absorbentes, tanto como a las influencias políticas coyunturales desmedidas. En suma, que el texto pide a gritos su reforma.
No se puede excluir a Urtubey y a Romero de los debates sobre una futura enmienda constitucional, porque sería hacer lo mismo que hicieron ellos con sus opositores en las dos convenciones constituyentes anteriores. Se debe tener en cuenta sus opiniones y permitir que sus fuerzas políticas concurran libremente a las elecciones. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía de Salta tiene que advertir el peligro que entraña el dejar en manos de ellos dos el impulso y la orientación de la operación reformista.
Aunque a los dos les irrite el dato, ni Urtubey ni Romero controlan o lideran la vanguardia intelectual y jurídica de Salta. El papel de «grandes constituyentes» les queda grande, como alguna vez les quedó el traje de presidenciables. Al contrario, el uno primero y el otro más tarde, han demostrado con pruebas irrefutables estar abrasados por una vivaz pasión por la vulgaridad en los terrenos más peliagudos de la reflexión relevante. Deben, por tanto, dejar paso a otras personas más preparadas, más orientadas al futuro y, sobre todo, más comprometidas con los valores de la democracia, la convivencia y la libertad.
Romero podrá juntar veintipico de firmas en un documento faraónico y grandilocuente, así como Urtubey podrá, a buen seguro, formular fantasiosos planes junto a la corporación de contables que domina el Consejo Económico y Social, pero ninguno de ellos está en condiciones, ni morales, ni políticas, ni técnicas de liderar una reforma de la Constitución pensada para organizar y darle sentido a nuestro crecido pluralismo para las décadas que vienen. Si dejamos que su retorcida influencia política se imponga en los debates, nos aseguraremos vivir casi perpetuamente en una semidemocracia, con semiciudadanos, instituciones débiles y manipulables y con libertades que solo parecen tener alguna importancia cuando quien las reivindica es alguien que pertenece a la mal llamada «clase prominente» de Salta.
En estos momentos, una operación de reforma constitucional como la que parece asomar por el horizonte no conseguiría mejor cosa que sacar a la superficie lo peor de cada uno de los grupos políticos que desde hace décadas operan en Salta. Si la elección de una asamblea constituyente coincide, como algunos pretenden, con la elección de Gobernador o de Presidente, es casi seguro que el egoísmo fanático se impondrá a la razón cívica y la convención que resulte electa reproducirá en un hemiciclo el complejo y variado mapa de las vanidades personales, los intereses de sector y las mezquinas pujas ancestrales.
La reforma constitucional puede y debe trascender a la política y la ciudadanía ha de ser capaz de desbordar a las estructuras partidarias tradicionales para lograr que la futura ley fundamental no sea producto de un acuerdo entre millonarios vanidosos con cuentas pendientes con la historia sino que se asiente en un consenso amplio, negociado y duradero. Sin dudas, ayudaría a este propósito que la nueva Constitución, además de ser votada por una asamblea popular sea también aprobada por una mayoría calificada en referéndum.
El protagonismo de Romero y de Urtubey en una futura reforma constitucional, qué duda cabe, nos alejaría de la verdad y de la cordura y nos anticiparía un futuro plagado de acechanzas, de sospechas y de blindajes de impunidad, con paraísos ocultos para las dinastías familiares, privilegios para los poderosos y un reparto desigual de la miseria entre territorios y grupos sociales. De ninguno de ellos se puede esperar generosidad ni altura de miras, sino todo lo contrario.
Es este un precio demasiado alto para cualquier sociedad, pero mucho más para la salteña, que ha visto cómo en el último cuarto de siglo se ha desvanecido sin remedio la promesa de justicia y libertad inscrita en la base del edificio democrático. Y se ha desvanecido, tanto por la enorme difusión de la ignorancia, el fanatismo y la pobreza en el seno de la sociedad, como por la obsesión casi enfermiza de los dos últimos gobernadores, a quienes un mal sueño parece haberles revelado un día que nacieron superhombres, que fueron elegidos por el Altísimo para conducir a su pueblo a través del desierto y que, como mesías intocables que son, les está permitido tratar a la Constitución como si fuesen los estatutos de su club privado, a Salta como su patio trasero, y a los salteños como sus «fieles servidores».
Mi esperanza es que ese puñado de salteños con dos dedos de frente, al que me refería antes, alce la voz y alerte a sus comprovincianos del peligro al que nos enfrentamos.